El 8 de febrero el gobierno anunciaba la puesta en marcha del denominado Grupo Especial Contra las Extorsiones -GECE-, una especie de fuerza de tarea para combatir el fenómeno de las extorsiones en las zonas capitalinas y en los departamentos más afectados con el mismo1.
El anuncio hecho por las autoridades refiere unidades motorizadas, así como agentes especializados que serán desplegados en los lugares geográficos con mayor incidencia de este hecho; esto sumado a una serie de acciones propias y en conjunto con otras instituciones del sistema de justicia, tales como: requisas constantes en los principales centros carcelarios que son según los análisis el origen de gran parte de las extorsiones; operaciones a gran escala y simultaneas en distintos departamentos del país en conjunto con el Ministerio Público para allanamientos, secuestro de evidencias y aprehensión de personas vinculadas a estructuras criminales dedicadas a la extorsión; patrullajes; entre otras.
A decir verdad, hace bien el gobierno porque es uno de las principales quejas, denuncias y modalidades delictivas que afectan principalmente a las áreas urbanas del país; además, es un hecho que ha mostrado un crecimiento constante a lo largo de los años en los registros de las instituciones de seguridad y justicia en el país.
Esto se evidencia en la siguiente gráfica, la cual muestra los datos para todo el año 2023 y los meses de enero y febrero del presente año; lo cuales comparados con los mismos del año anterior muestran un considerable crecimiento. El año 2023 (16,636 hechos denunciados) creció en números absolutos un 14.8% respecto del año 2022 (14,491 hechos denunciados); si se mide por tasa por cada 100 mil habitantes, en 2022 se registró una tasa de 83.5, mientras que en 2023 fue de 94.5 por cada 100 mil habitantes; un aumento en la tasa de 13.17% entre ambos años.
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