La Policía Nacional Civil atraviesa por una crisis institucional producto del proceso sistemático de desmantelamiento instaurado por el Ministro de Gobernación Enrique Degenhart, los cambios en la cúpula de la PNC han sido realizados sin enfoque técnico, únicamente para responder a los intereses oscuros incrustados en el Estado.
La desarticulación inicia con destitución y remoción de más de cien profesionales, algunos con hasta 20 años de experiencia, sin justificación alguna. Esto representa un retroceso en el esfuerzo de profesionalización a los miembros que fueron separados de su cargo, cuyo aporte era
sustancial para el fortalecimiento de la institución. Cada acción ejecutada desde el Ministerio de Gobernación contradice y pasa por alto las normas y procedimientos necesarios para mantener la institucionalidad de la fuerza policial.
Con las decisiones tomadas por Degenhart se evidencia
su intención de incorporar militares en las filas de la PNC, para establecer nuevamente la militarización de la seguridad pública luego de retirar a los soldados de los patrullajes conjuntos de seguridad ciudadana. También es parte de la estrategia entorpecer de alguna forma las investigaciones de la CICIG, desde retirar agentes de la policía asignados en apoyo a la comisión
hasta fuga de información para evitar capturas.
Todo esto ha generado un ambiente de incertidumbre en el país, en el que los únicos beneficiados son aquellos con temor de ser perseguidos e investigados por la justicia.
